Bloque del Frente para la Victoria en Legislatura santacruceña
A diputados K les preocupa la falta de Políticas provinciales en Salud
Miércoles, 19 de agosto de 2015Se destaca la ausencia de cobertura médica a patologías como diabetes, infertilidad, ludopatía o trastornos alimentarios, además de capacitación de profesionales.


El Bloque del Frente para la Victoria analizó diferentes leyes vigentes pendientes de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de Santa Cruz, a través de la cartera de Salud. Señalaron que esta práctica trasciende a los funcionarios de turno, ya que “es frecuente en la actual gestión de Gobierno”. 

Desde la bancada mayoritaria en el Parlamento Provincial se informó que desde mayo de 2008 a enero de 2015, restan reglamentar once leyes sancionadas por el Poder Legislativo, en materia de acceso a la Salud, que abarcan desde el fortalecimiento de la atención primaria, la cobertura médica de patologías como diabetes, infertilidad, trastornos alimentarios o ludopatía, hasta acciones para la prevención del consumo de alcohol o contra el Cáncer de Mama, mecanismo que “trasciende a los funcionarios de turno, ya que es frecuente y recurrente en la actual gestión de Gobierno”.

En detalle, se explicó que en mayo de 2008 se sancionó la Ley 3.017 que, a través de un convenio con el Gobierno Nacional, debía asegurar “la estrategia de Atención Primaria de Salud, el fortalecimiento del Primer Nivel de atención a través de la continuidad del recurso humano y su actualización permanente en servicio”, con el objetivo de “profundizar las acciones de promoción, prevención, atención y mejorar la calidad de vida de los habitantes”, la que nunca fue reglamentada.

En marzo de 2009, con la sanción de la Ley 3.052, el Poder Ejecutivo Provincial debía implementar políticas para “la prevención y control de los trastornos alimentarios”, comprendiendo la investigación de sus causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación, las que tampoco tuvieron eco por parte de la cartera de Salud.

Idéntico tratamiento obtuvo la sanción de la Ley 3.082, que data de noviembre de 2009, mediante la que se le asignaba “carácter de salud pública a la Prevención y Tratamiento de la Ludopatía”, entendiéndosela como la adicción al juego compulsivo que se presenta como un trastorno generalizado, consistente en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares.

Tampoco se reglamentó la Ley 3.148, promulgada en diciembre de 2010, que además de instituir al mes de Octubre como el mes de la prevención del Cáncer de Mama, establecía que el Poder Ejecutivo debía llevar adelante campañas de concientización, consultas médicas y mamografías gratuitas con el fin de la detección precoz y su prevención, además de crear el Fondo Provincial “Conciencia sobre el Cáncer de Mama”, cuyo destino debía ser orientado a campañas que incluyan todas las acciones tendientes al esclarecimiento y la prevención de esta patología.

Respecto de la Infertilidad, en julio de 2011 se promulgó la Ley 3.225 que impulsó el Poder Legislativo, en la que se la reconocía como enfermedad “de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud, estableciendo a la misma como la dificultad para procrear naturalmente”, a partir de lo cual se debía reconocer la cobertura de las prácticas destinadas a la procreación de un hijo biológico a través de técnicas de fertilización homóloga asistida, reconocidas por la OMS. Sus objetivos, que pasaron inadvertidos por el Poder Ejecutivo Provincial, eran facilitar el acceso de la población al diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la fertilidad, regular, controlar y supervisar los efectores públicos y privados que realicen tanto el diagnóstico y tratamiento de infertilidad, como los procedimientos de fertilización asistida en los diferentes niveles de complejidad, entre otros.

En septiembre de 2011, el Poder Ejecutivo promulgó - pero a la fecha no reglamentó - la Ley 3.230, en la que Santa Cruz adhería a la Ley Nacional 23.753, mediante la que la Autoridad de Aplicación debía disponer medidas para garantizar la atención médica a las personas con diabetes que carecieran de cobertura social, el acceso a prestaciones y aprovisionamiento de medicamentos y reactivos de diagnóstico; incorporaba dentro de las prestaciones de la obra social estatal la cobertura del diagnóstico, control y tratamiento de la diabetes, además de establecer la obligatoriedad de esta cobertura a los sistemas de medicina prepaga, obras sociales provinciales y nacionales con jurisdicción en Santa Cruz.

En enero de 2015 se promulgó la Ley 3.418 que, además de insistir con la reglamentación de la cobertura social de la Diabetes, adaptaba normas provinciales a las modificaciones que a nivel nacional se fueron sucediendo en relación a esta patología, e instaba a la firma de convenios con el Gobierno Nacional para su efectiva aplicación.

A través de la Ley 3.343 de marzo de 2014, el Parlamento Provincial buscó garantizar lineamientos y actualizaciones del Programa Provincial de Salud Mental y Patologías del Consumo, acorde a los principios establecidos en la Ley Nacional 26.657, donde desde el Poder Ejecutivo se debían “promover espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se desempeñen en servicios públicos de salud mental”, norma que tampoco fue reglamentada y efectivamente implementada.

Otra ley que está pendiente de reglamentación, data de octubre de 2012, bajo el número 3.288, mediante la que santa Cruz adhiere a la Ley Nacional de “Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud”, donde las faltas graves son pasibles de sanciones como apercibimiento, multas, suspensión temporaria de matrículas o clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica, instituto, sanatorio, laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde actuaren las personas que hayan cometido la infracción.

Finalmente, y a diferencia de la falta de implementación de políticas que debían garantizar el acceso a la Salud, otras normas tampoco obtuvieron el respaldo del Poder Ejecutivo. Prueba de ello es la falta de reglamentación de la Ley 3.215 – promulgada en junio de 2011 – que establecía la obligatoriedad de incluir en la “Carta de Bebidas”, “Menú” o similares de restaurantes, comedores, confiterías, pubs u otros establecimientos comerciales en los que se consuman bebidas alcohólicas la leyenda “Si va a conducir, no consuma bebidas alcohólicas”.

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